En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó prisión preventiva para el ex rector de la Universidad de Santiago (Usach), Ubaldo Zúñiga, formalizado por delitos reiterados de fraude al fisco, en la investigación abierta por las irregularidades detectadas en las asesorías que prestó al Registro Civil durante la gestión de Guillermo Arenas, también imputado en la causa.

El perjuicio fiscal provocado por este hecho asciende a $400 millones.

La resolución del tribunal de alzada capitalino establece que la libertad del académico constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, "dada la naturaleza y gravedad de los delitos atribuidos, las penas que la ley contempla para dichos ilícitos, y la forma en que se articularon los imputados".

En ese sentido, los ministros mencionan además que los indagados eran "representantes y cabezas de instituciones básicas del Estado de Chile" al momento de la comisión de los ilícitos.

Con estos argumentos, los jueces revirtieron la resolución dictada el 16 de marzo pasado por el Séptimo Tribunal de Garantía que había considerado suficiente la firma quincenal, el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados para asegurar su comparecencia y las diligencias de la investigación.

En esta causa la Fiscalía Centro Norte indaga un convenio suscrito por el entonces jefe de la repartición pública y el ex rector en 2006 por $200 millones, para la realización de asesorías en el proceso de licitación de la plataforma informática del servicio así como en el rediseño organizacional del mismo.

Sin embargo, los trabajos por los que se pagó al académico no se habrían realizado.

En mayo de 2007 se firma una prórroga de ese contrato por la misma suma y con el mismo objetivo, pero tampoco se habrían realizado los estudios comprometidos.

Ex jefe de gabinete

Ayer la Corte decidió también mantener la prisión preventiva que afectaba al ex jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, también imputado en la causa porque visó algunos de los pagos entregados a Zúñiga por las supuestas asesorías.

La misma determinación tomó el tribunal respecto de Luis Araya, quien estuvo a cargo del área de rediseño organizacional.

Los jueces estimaron que conceder el beneficio ponía en riesgo el éxito de la investigación. Sólo respecto de Humberto Jorquera, quien actuó como jefe de proyecto, la Corte confirmó la libertad.